lunes, 26 de agosto de 2013

Los ecologistas 'derriban' unas casas ilegales en Robledo de Chavel

DENUNCIA | Un complejo taurino
Una imagen del complejo antes del derribo. | E.M.
Una imagen del complejo antes del derribo. | E.M.
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Era un complejo taurino con varias edificaciones. Y ha caído bajo la piqueta. El propietario de un grupo de trece edificaciones, en una finca en Robledo de Chavela, ha derribado las casas y una plaza de toros anexa tras una serie de sentencias judiciales logradas por una asociación ecologista.
La Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y de la Sierra de Madrid, que colabora con Ecologistas en Acción, ha insistido en la vía judicial y ha logrado la demolición de las trece construcciones que estaban declaradas ilegales en un suelo protegido de Robledo de Chavela.
El propietario tenía previsto explotar el complejo como centro taurino, pero en 2002 fue denunciado por la asociación. Este grupo ha logrado que en el mes de julio se derriben todas las edificaciones que carecían de licencia municipal. Una primera denuncia logró la condena, pero no obligaba a derribar los edificios. En el año 2005 se produjo el fallo definitivo de la Audiencia Provincial, que sí ordenaba el derribo. La asociación ecologista señala que desde entonces los propietarios se estuvieron moviendo por la Administración para legalizar el complejo. Finalmente chocaron con el departamento de Evaluación Ambiental, que certificó que no se podían construir tantos metros cuadrados en tan poco suelo protegido y sin ningún tipo de licencias.
Ecologistas en Acción señaló en un comunicado "que resulta lamentable que el restablecimiento de la legalidad ambiental y urbanística recaiga con demasiada frecuencia en las asociaciones ecologistas". La asociación destaca que ha sido un logro lo que se ha obtenido en la finca Cortijo del Cristo de los Remedios, en Robledo de Chavela, sobre suelo no urbanizable protegido. El terreno está dentro del ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. "Allí se está procediendo a la demolición de trece construcciones ilegales tras años de procedimiento judicial y con una sentencia firme condenatoria desde el año 2004", añadieron.

En suelo protegido

Los ecologistas denunciaron que desde 1998 los propietarios de la finca levantaron las construcciones en suelo protegido, "sin contar con licencia municipal, ni autorización de la Comunidad de Madrid y sin haber sometido el proyecto a evaluación ambiental".
Primero se hizo una vivienda de dos plantas, una plaza de toros, una capilla y cuadras para caballos. Los agentes forestales denunciaron los hechos y posteriormente se personó la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y de la Sierra de Madrid que ha seguido todo el proceso judicial. Al parecer, la denuncia que hicieron los agentes forestales provocó tirantez en sus relaciones con el Ayuntamiento, según explicaron fuentes ecologistas.
La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia firme condenatoria contra el propietario de la finca. El fallo ordenaba la demolición de las construcciones "al no respetar ni las Normas Subsidiarias del término municipal ni haber obtenido los permisos correspondientes". La sentencia exigía a los propietarios que dejaran la zona en su estado original.
El propietario demolió de manera parcial algunas construcciones y de forma paralela intentó legalizar otras. El Ayuntamiento de Robledo de Chavela y la Consejería de Medio Ambiente abrieron expedientes sancionadores. Medio Ambiente dictó una orden de demolición que no fue ejecutada hasta hace pocas semanas.

Un intento de legalizarlo

El Juzgado delegó a la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo la ejecución de la sentencia firme, ya que el propietario no la iniciaba. Ecologistas en Acción denunció que mientras se producía esta situación la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid emitía un informe favorable para su legalización.
El Juzgado de Ejecutorias ordenó en abril de 2013 incoar diligencias previas contra el propietario por la comisión de un presunto delito de quebrantamiento de condena, al no ejecutar oportunamente una sentencia tras más de diez años. El propietario finalmente inició la demolición de las construcciones levantadas, entre ellas, la plaza de toros, según explica la asociación.
Tanto la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya como Ecologistas en Acción lamentan que la legalidad ambiental y urbanística quede en manos de las asociaciones particulares. Recuerdan que hay gran cantidad de denuncias interpuestas por los agentes forestales de la Comunidad de Madrid "que se archivan o caducan por no resolverse en plazo".

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